La ley de Puertos del año 1992 (16246) termina con el régimen monopólico del estado en la actividad portuaria, introduce a los privados dentro de la actividad del puerto de Montevideo e introduce el concepto de "Puerto Libre".

Esta ley ha significado un cambio trascendente para la actividad portuaria de Montevideo y se ha constituído en un factor multiplicador de la misma.
La aparición de la competitividad comercial en las operaciones portuarias ha llevado a mejorar la calidad de la presentación de los servicios y a la captación de nuevos tráficos.
Se han introducido mejoras en la infraestructura que responden a la necesidad creciente de los servicios.

El nuevo estatuto de Puerto Libre, por el cual las mercaderías transitan dentro del predio portuario sin pago de impuestos aduaneros abrió nuevas posibilidades de prestación de servicios para mercaderías en tránsito a los países de la región.

Hoy el puerto ha cambiado, se han reforzado sus muelles, se han demolido depósitos obsoletos, se han acondicionado explanadas pavimentadas y de circulación, se han realizado instalaciones de redes en potencia, agua, saneamiento, para seguridad y comunicaciones.

A través de la ley 17243 (artículo 20) se autoriza a la Administración Nacional de Puertos a participar en sociedad con capitales privados, en la administración, construcción, conservación y explotación de una terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo.

LEY DE PUERTOS MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Ley 16.246.
Apruébase la Ley de Puertos El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay,
reunidos en Asamblea General.

DECRETAN:

CAPITULO I

Organización y servicios portuarios

Artículo 1:
La prestación de servicios portuarios eficientes y competitivos constituye un objetivo prioritario para el desarrollo del país.
Los servicios portuarios se prestarán en los puertos comerciales de la República durante las veinticuatro horas del día y durante todos los días del año, si la respectiva demanda así lo requiere.
Lo dispuesto en los dos incisos anteriores no implicará en ningún caso el desconocimiento de las reglas de remuneración de trabajos en horarios extraordinarios y en días feriados.

De la circulación de mercaderías

Artículo 2:
La circulación de mercaderías en el Puerto de Montevideo será libre.
No se exigirán para ello autorizaciones ni trámites formales.
Las actividades que se cumplan en dicho puerto no significarán modificaciones de la naturaleza del producto o mercaderías y quedarán limitadas a operaciones de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento.
El destino de las mercaderías que ingresen al puerto podrá ser cambiado libremente.
No estarán sujetos en ningún caso a restricciones, limitaciones, permisos o denuncias previas.

Artículo 3:
Durante su permanencia en el recinto aduanero portuario, las mercaderías estarán exentas de todos los tributos y recargos aplicables a la importación o en ocasión de la misma. Cuándo fueran introducidas desde el Puerto de Montevideo al territorio aduanero nacional, se considerarán importaciones o despachos de entrada procedentes del exterior a todos los efectos y deberán cumplir los trámites y pagos que correspondan.
Las mercaderías nacionales o nacionalizadas para ser introducidas al Puerto de Montevideo, deberán ajustarse a las normas que rigen para la exportación o para el despacho de salida del país.

Artículo 4:
El régimen establecido en los artículos 2º y 3º se aplicará en los demás puertos y terminales portuarias de la República con capacidad para recibir naves de ultramar, cuyas áreas aduaneras y portuarias respectivas estén jurídicamente delimitadas.

Artículo 5:
El Poder Ejecutivo fijará, dentro de los ciento veinte días de entrada en vigencia de la presente ley y a los efectos de su aplicación, los límites de los recintos aduaneros y portuarios que no estuvieran jurídicamente determinados.

Artículo 6:
Apruébase el Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional, firmado en Londres el 9 de abril de 1965, sus Anexos y Enmiendas de 1969, 1973, 1978 y 1986, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 255 de la Ley 13.318, de 28 de diciembre de 1964.